Falta de abastecimiento

Pese a que la ley guatemalteca establece la sanidad como un derecho gratuito y universal, la realidad es que sólo el 18% de la población es atendida por el Seguro Social (Seguridad Social) y que el 40% de la población no tiene acceso a ninguna forma de sanidad pública, convirtiendo el sistema público de salud de Guatemala, según la revista Forbes, en uno de los más inequitativos del planeta¹.

A esta falta de cobertura, se suma el problema del desabastecimiento. Es frecuente que, cuando un ciudadano acude a un hospital público, tras recibir el diagnóstico, es emplazado a salir a una farmacia para comprar los medicamentos y utensilios necesarios para su tratamiento. Catéteres, vías, jeringuillas, vendas… incluso el hilo de sutura para practicar una cesárea, deben ser traídos por el paciente si quiere ser atendido. Se estima que el 58%² del gasto sanitario sale directamente del bolsillo de la población. La OMS recomienda una inversión mínima del 6% del PIB en salud. Guatemala invierte el 2,2%.

Este frágil sistema sanitario contaba, en 2018, con tan sólo 3,4 médicos y 1,82 enfermeros por cada 10.000 habitantes. Y entonces llegó la pandemia de COVID. Si en zonas como la Comunidad de Madrid (6,6 millones de habitantes), con 83 hospitales y más de 20.000 camas, el sistema estuvo cerca del colapso, en regiones de Guatemala como Alta Verapaz (1,2 millones de habitantes) con sólo un hospital completo y menos de 50 camas, la capacidad de respuesta fue casi nula.

En este paisojo vemos, en el ojo de Jésica, el cartel que anuncia la presencia de una “farmacia comunitaria”. Jésica camina a “cuatro patas”, ayudándose de sus manos, debido al pequeño tamaño de sus piernas por una malformación de nacimiento. Con sus 12 años, Jésica desborda energía y ganas de participar en todas las actividades a su alrededor. Nunca la ha visto un médico especialista ni un fisioterapeuta.