Deriva antidemocrática

Con una impunidad en torno al 97,6% sobre todos los delitos¹ y el Índice de Percepción de la Corrupción en el puesto 153 de 180 países analizados², Guatemala se sitúa como el 11° país más corrupto e impune del mundo³, sólo superado en Latinoamérica por Venezuela⁴. Tanto es así que, en 2006, Naciones Unidas creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-: un órgano en el país, integrado por fiscales internacionales, con el fin de apoyar en la investigación de estructuras ilegales dentro y fuera del aparato del Estado.

Según observadores internacionales como Human Rights Watch: “a día de hoy el llamado “Pacto de Corruptos”, la oligarquía que lleva años controlando los poderes legislativo y ejecutivo, ha cooptado también el poder judicial”.

La CICIG y los fiscales de Naciones Unidas fueron expulsados del país en 2019 y, durante 2022, más de 30 jueces guatemaltecos⁵ se han exiliado en el extranjero denunciando persecución por parte del Gobierno, entre ellos las dos ex Fiscales Generales del Estado, los dos ex Jefes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, la Fiscal de Derechos Humanos, y el ex Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

Muchos actores nacionales e internacionales han criticado la forma en la que el Gobierno ha sustituido a los principales operadores del sector justicia durante los últimos 3 años. La actual Fiscal General del Estado, Consuelo Porras, figura incluida en la lista de “actores antidemocráticos y corruptos”, lista Engel, que elabora el Departamento de Estado de EEUU, y la acompañan en esa lista el nuevo Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados, jueces, y otros funcionarios de gobierno y empresarios.

Igualmente han aumentado en 2022, según la Asociación de Periodistas de Guatemala, los ataques contra la prensa, 149 en todo el año⁶, incluyendo la persecución al fundador del medio “Con Criterio”, que tuvo que abandonar el país, y el encarcelamiento del fundador y presidente del diario “El Periódico”.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), también se están intensificando los ataques (1.004 en 2020) y los asesinatos (15 en 2020)contra los defensores de Derechos Humanos en el país. Igualmente denuncian que, con la entrada en vigor en 2021 de la conocida como “Ley anti-ONG”, el 86% de las ONG del país quedan en una situación de arbitrariedad legal que permite al poder ejecutivo cancelar su personalidad jurídica cuando estime que éstas “realizan actividades contrarias al orden público”.

En este paisojo vemos a una de las 11 “Abuelas de Sepur Zarco” reflejada en el ojo de otra de ellas. Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un Conflicto Armado Interno que dejó más de 200.000 muertos ydesaparecidos en el país, en su amplia mayoría, indígenas. La aldea q’eqchí’ de Sepur Zarco fue una de las innumerables aldeas en las que el ejército de Guatemala asesinó a todos los varones y violó, esclavizó y explotó a las mujeres y niñas durante años. En 2016, las 11 “Abuelas de Sepur Zarco”, consiguieron ganar un juicio histórico que, por primera vez en la historia de la humanidad, condenaba la esclavitud sexual durante un conflicto armado⁷. “Las 11 abuelas” mantuvieron sus caras cubiertas a lo largo del juicio con chales y, al escuchar el veredicto, como se ve en el paisojo, se descubrieron los rostros y levantaron sus manos.